La  crisis  ha  impactado  sobre la estructura económica aragonesa y española, agravando el fenómeno de la desindustrialización, perceptible ya desde finales de los noventa. La aportación de la industria al valor añadido aragonés ha descendido alarmantemente. Todo ello constituye un precio demasiado alto para nuestro tejido empresarial y sus trabajadores.  El año  en que  empezó la crisis, las pymes generaban el 64% del valor añadido de los sectores de mercado. A día de hoy, esta cifra ha caído al 55 %. La pérdida de peso frente a la gran empresa es evidente y también frente  al sector público. Podemos afirmar que el segmento de la economía que más ha sufrido y está sufriendo la crisis  es sin duda el de las pymes y los autónomos.   Curiosamente, sin embargo, tanto políticos como analistas parecen coincidir en que la salida de la crisis vendrá de la mano de las pymes y las nuevas empresas, que permitirán crear nuevos puestos de trabajo y regenerar el tejido productivo del país. Sin embargo, las palabras van por un lado y los hechos por otro. Se  hacen promesas de apoyo que casi nunca llegan a buen puerto y justamente las medidas tomadas en los últimos tiempos van en la dirección opuesta.   La falta de sensibilidad por parte del sistema hacia las pymes y los autónomos es notoria.   La mayor parte de la legislación, se hace por y para la gran empresa. La reforma laboral, la escandalosa diferencia de trato fiscal entre las empresas del IBEX35 y las pymes, el incumplimiento de plazos de pago a proveedores por la gran empresa, son claros ejemplos.  Se ha quebrado de forma flagrante el contrato social entre los pequeños empresarios, que son la mayoría del  tejido productivo, y los gobernantes, que se han mostrado más sensibles a los grandes lobbies y a las élites que a los intereses de esa mayoría silenciosa.